En 1964 se libraba una lucha intensa en el litoral, entre los funcionarios del Departamento de Agricultura y un grupo de personas que ocupaban de manera ilegal a zona marítimo terrestre en la llamada Parcela 5. Este era un predio que abarcaba la zona de manglares de Cabo Rojo y Lajas. Estas personas, cuyos nombres quedarán en el anonimato en este escrito, pertenecían a familias propietarias de la región y eran profesionales, abogados, ex jueces, médicos, profesores universitarios (del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez) y comerciantes de enorme talla.
En el campo, es decir, en el field, el Departamento de Agricultura estaba representado por su guardabosques Andrés Maldonado Galarza, quien junto a sus ayudantes daban la batalla por conservar el patrimonio del Pueblo de Puerto Rico. Estos funcionarios intervenían con las construcciones ilegales, destruían muelles, evitaban la reconstrucción de las mismas, cercaban con alambre de púas los accesos y hacían los señalamientos de rigor ante todas las autoridades concernidas.
Sin embargo, el extenso expediente que he examinado sugiere que los “precaristas”, los que ocupaban la zona marítima de manera ilegal, daban la pelea de todas las maneras posibles: demandas, contra-demandas, solicitud de los servicios básicos de agua y electricidad para legitimarse, acusaciones en diversas instancias contra los funcionarios, cuestionamientos sobre el derecho del Estado, la titularidad de los terrenos y la validez de las colindancias, violencia, amenazas contra la vida y una insistencia en volver a construir los muelles y las casas en el agua, algunas “inmensamente grandes”.
Otra estrategia consistía en solicitar permisos de arrendamiento del área (algunos los tenían, pero no para construir sus casas) o aducían que los estaban solicitando y que en virtud de ello debían suspenderse las acusaciones de usufructo ilegal.
El martes 16 de junio, Maldonado y otros funcionarios coordinaron con el Departamento de Obras Públicas para llevar un bulldozer para destruir muelles clandestinos, comenzando con la de un profesor del CAAM. La maquina se atolló en el fango y tuvieron que buscar otra para sacarla del atolladero. En la tarde tuvo que intervenir la Policía, porque los dueños estaban armados y querían “entrarle a tiros”. Se reunió una turba (palabras mías) de cerca de 65 personas y en la confusión alguien cortó la manga del bulldozer atollado. Sobre el sabotaje y las amenazas de violencia no hubo acusaciones formales en el expediente.
En la mañana del 6 de julio de 1964 un miembro de la Policía llegó hasta el lugar donde Maldonado se encontraba organizando un operativo para destruir unos muelles clandestinos y le informó que el Juez de Paz de Lajas le quería ver. En la corte el juez le “aconsejó que no destruyera más muelles reconstruidos” ya que no tenía una orden judicial para hacerlo. Maldonado le preguntó si eso era una orden, a lo que le contestó que “era un consejo como juez”. Maldonado salió de allí a Parguera a destruir los muelles. Al día siguiente fue objeto de una visita de campo por parte de funcionarios de Obras Públicas, agencia que planteaba la necesidad de eliminar la ocupación ilegal, pero que cobraba un canon de arrendamiento por los terrenos que algunos ocupaban y que usaban de trampolín para apropiarse del agua.
Ese mismo día, Maldonado fue a corte en Lajas para un caso de violación a la Ley de Bosques, contra dos individuos uno de los cuales hizo admisión de culpabilidad. Después de ver el caso “el juez los mandó a poner de pie y los declaró absuelto (sic) ante el asombro de toda la sala”. Unos meses más tarde ocurrió lo mismo en una acusación contra un ex juez, pero la fiscal sentía que no podía hacerle una acusación tan severa al acusado en virtud de la amistad íntima que les unía, según señala Maldonado en su carta. El juez lo absolvió.
Estos “precaristas” acusaron a Maldonado y a otros funcionarios de Agricultura de destruirle su propiedad y por ello tuvieron que verse en corte nuevamente. Afortunadamente el juez los absolvió pero el profesor universitario amenazó de muerte a los funcionarios. No pasó absolutamente nada en relación a esa amenaza.
Los sucesos que siguieron sugieren que de alguna manera el sistema (si es posible hablar de ello) había encontrado la manera de no lidiar con el asunto, aunque lo enfrentaba cotidianamente. El envío de estacones y materiales para cercar las áreas tardaba en llegar y los “precaristas” hacían de las suyas. El Estado, o sus funcionarios, para ser preciso, comenzaron a cuestionar el derecho que les asistía a intervenir, la Policía actuaba de manera errática y cuestionaba si debía intervenir. En ocasiones los casos no se podían radicar porque no había juez disponible. Los funcionarios del Departamento de Agricultura se quejaron ante el Departamento de Justicia sobre las acciones del juez que evitaba actuar contra los violadores, pero el expediente no contiene respuesta alguna a esa querella. En los años subsiguientes el problema de la ocupación ilegal fue en aumento, según leemos de una carta del Secretario de Agricultura Miguel Hernández Agosto, al Secretario de Justicia, Rafael Hernández Colón:
Sabemos que en los últimos dos casos se han radicado las correspondientes acciones por el Departamento de Justicia, pero solo en el último caso ha habido una gestión judicial últimamente [de 11, todas iniciadas desde 1964]. En los demás casos no sabemos que hayan sido atendidos. El problema de la invasión de los terrenos del Estado, especialmente en los litorales de la isla, ha venido tomando proporciones alarmantes.
A renglón seguido Hernández Agosto cita un memorando cursado por el Secretario de Obras Públicas al Gobernador Luis Muñoz Marín que decía lo siguiente:
Este procedimiento de rutina puede continuar y continuará, pero nos parece que si no se toma acción judicial, muchos de los invasores de ese litoral, quienes en su mayoría son personas acomodadas y de cierto nivel social entre los que se encuentran profesionales, industriales y comerciantes, seguirán ignorando nuestra autoridad llenándose nuestros archivos y los del Departamento de Justicia, de querellas y nuestros terrenos de estructuras indeseables construidas a espaldas de la ley.
Sé que este no es necesariamente el origen de la cosa, pero he usado estos incidentes como ejemplo para ofrecer una explicación de porqué no se ha hecho nada… nunca, a pesar del esfuerzo de funcionarios de las agencias concernidas. De alguna manera el peso de las lealtades primordiales, los intereses de clase, los actores políticos, la corrupción, el amiguismo, la deuda social incidió sobre la manera en la que se articuló una manera de decir, obrar, operar… de bregar que todavía nos pesa. El Estado hizo muy bien su trabajo, arrastrando los pies, siendo remiso y tardo en sus acciones.
Afortunadamente tenemos en las agencias a gente como Andrés Maldonado Galarza, a quien no le importó las presiones, las amenazas ni la ineptitud de los funcionarios que sobrevolaban sobre su cabeza.
No lo olvidemos.
[Esta es una lectura somera y análisis superficial y rápido de un expediente del Departamento de Agricultura, del Archivo del Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral, UPR-Mayagüez, para los años 1964-1969].
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